Una columna interesante proveniente de una licenciada en filosofía que no tiene miedo a ser funada por los estudiantes.
Estudiantes:
Tomen asiento y escuchen
No tienen derecho a voto.
No pueden celebrar un contrato.
No son jurídicamente responsables de lo que hacen. Son menores de edad. Menores que pueden hacer rodar la cabeza de un ministro, sugerir cambios a la Constitución y proponer ideas como que los dirigentes vecinales se hagan cargo del Gobierno.
Son los secundarios.
No han terminado sus carreras; las congelaron para dedicar su tiempo de estudio al activismo político.
No son alumnos de excelencia.
No tienen experiencia y mucho menos ciencia en materia de educación, pero la exigen gratuita y de calidad.
No saben de economía pero quieren nacionalizar el cobre y tienen certezas al momento de explicar cómo se financia lo que piden.
Son los universitarios.
No son interlocutores válidos. O al menos no lo son para nada que trascienda el ámbito del diagnóstico, porque detectar un problema no es lo mismo que poder darle solución.
Cordialmente se les agradece, por tanto, la contribución que han hecho al debate. Si no fuera por ellos, el tema de la educación no estaría en el primer lugar de la agenda. Y si no fuera por ellos, los políticos no le habrían dado prioridad al asunto.
Se les agradece su aporte, pero se les invita a tomar palco para oír ahora a los que algo saben de la materia (Waissbluth podría ser uno de ellos, por ejemplo).
Porque si los estudiantes insisten en querer ser protagonistas de la noticia, harán evidente que en Chile la educación no alcanza ni siquiera el primero de sus objetivos: el de hacer consciente al que la recibe de todo lo que ignora. Y si se obstinan en ser ellos los que ponen los términos del debate, será imposible salir de la falsa dicotomía en la que han planteado la discusión.
Porque la cuestión no se decide; como creen ellos, entre lo público y lo privado. Y no se decide porque ni lo uno ni lo otro asegura la calidad.
La UTEM es una universidad pública y la Miguel de Cervantes, una privada. Ninguna de las dos, creo, lidera el ranking de la excelencia.
La Chile y la Católica, en cambio, ocupan los primeros puestos en ese escalafón y no pertenecen a la misma categoría.
¿Sobre la base de qué evidencia fáctica los estudiantes insisten en asociar lo público a lo de calidad? Sobre la base de un prejuicio antiguo, refutado por la historia y por los datos. El Estado, sea que se piense en el modelo cubano o en el europeo, no ofrece las bondades que la izquierda le atribuye, porque o lo hace abiertamente mal o parece que lo hace bien pero de una forma que es insustentable. No es claro entonces que todo el esfuerzo fiscal deba orientarse a lo público, como no es claro que la formación de ciudadanos esté mejor garantizada ahí que en instituciones de índole privada.
O quizás ¡y solo quizás! lo que han querido decir es que la mejor educación no es nunca la que tiene fines de lucro. Pero si han querido decirlo, no han sido capaces de saber cómo y mucho menos de explicar por qué.
La educación universitaria, es cierto, no puede ser de primera calidad si lo que la mueve es el lucro. Y esto por una razón muy simple: porque si es excelente, es un pésimo negocio. Tener profesores de jornada completa y tenerlos más de la mitad de su tiempo estudiando en una biblioteca para escribir unos papeles que nadie paga y pocos leen, definitivamente no es rentable. No es rentable, pero es requisito sine qua non de una educación universitaria de calidad. De ahí que las mejores universidades sean siempre aquellas que se inspiran en principios que trascienden el lucro. Y este tema, insisto, atraviesa tanto lo público como lo privado.
Que la mejor educación no sea la que tiene fines de lucro no significa, en todo caso, que erradicar el lucro de la educación sea una buena idea. Las universidades privadas han contribuido también a la movilidad social, porque en materia de educación es mejor algo que nada. Y esa es ya una razón suficiente como para promoverlas.
Erradicar el lucro no es la solución. Trasparentarlo sí. Solo de esa forma las instituciones que lo tengan como fin estarán obligadas a exhibir si no excelentes resultados, al menos aceptables. Y si bien se les permitirá hacer de la educación un negocio, se impedirá que hagan de ella un negociado.
Las categorías de público-privado no resuelven el problema de la educación. De la misma forma que la gratuidad tampoco consigue la equidad. Porque lo que mantiene la brecha entre ricos y pobres no es la PSU ni los aranceles de las universidades, sino el abismo que hay entre unos y otros a los 18 años, abismo que a esas alturas ya es insalvable.
Que los estudiantes guarden silencio y que los expertos, por favor, tomen la palabra, porque se trata de un tema de interés.
