2°B; Análisis de Fuentes Primarias

Estamos llegando a fin de año y nos queda una última evaluación. Haciendo la siguiente actividad podrás sumar otras TRES décimas.
Primero: LEE atentamente los siguientes textos, todos son palabras del Presidente Domingo Santa María.
Segundo: Responde
1. ¿qué justificaciones hace Santa María a su actuar como interventor y autoritario?
2. ¿qué opinas sobre eso?

«Se me ha llamado autoritario. Entiendo el ejercicio del poder como una voluntad fuerte, directora, creadora del orden y de los deberes de la ciudadanía. Esta ciudadanía tiene mucho de inconsciente todavía y es necesario dirigirla a palos. Y esto que reconozco que en este asunto hemos avanzado más que cualquier país de América. Entregar las urnas al rotaje y a la canalla, a las pasiones insanas de los partidos, con el sufragio universal encima, es el suicidio del gobernante, y no me suicidaré por una quimera. Veo bien y me impondré para gobernar con lo mejor y apoyaré cuanta ley liberal se presente para preparar el terreno de una futura democracia. Oiga bien: futura democracia.»

 

«Se me ha llamado interventor. Lo soy. Pertenezco a la vieja escuela y si participo de la intervención es porque quiero un parlamento eficiente, disciplinado, que colabore en los afanes de bien público del gobierno. Tengo experiencias y sé a dónde voy. No puedo dejar a los teorizantes deshacer lo que hicieron Portales, Bulnes, Montt y Errázuriz.»

 

«Yo sé que he sido electo con intervención electoral, y no me importa, no me importa porque mi elección fue la mejor que se pudo hacer en Chile, a pesar de no haber sido correcta.»

 

 

 

La Guerra de los Cementerios, atención 2°B

Texto un poco largo pero que aporta buenos detalles del episodio que enfrentó a los políticos de 1880-90.

Para las alumnas de Segundo Medio B.
Lean el texto y posteen a continuación opinando respecto a la Guerra de los Cementerios, ¿quién tenía la razón y por qué?
Tu posteo te dará 2 décimas para la última prueba del año.

"A principios de agosto de 1877 se inició en el Congreso la discusión del proyecto de secularización de los cementerios. Como apunta Sol Serrano, era difícil defender a los muchos católicos que habían sido “enterrados en cementerios benditos con la confianza de que allí esperarían la resurrección de la carne”. De un día para otro el espacio sagrado en que descansaban iba a convertirse en profano. Los muertos no tenían derechos civiles, pero los obispos argumentaron que sus deudos sí los tenían. Los liberales, entre tanto, alegaban que el Estado debía garantizar la libertad de culto en establecimientos civiles, como eran los cementerios.

El político liberal Isidoro Errázuriz calificó de “resurrección anticipada de los muertos” la amenaza que hicieron los católicos de sacar a sus muertos de los cementerios públicos. Luego preguntó si en caso de cumplirse ésta “emigrarían también los pobres” que se encontraban “revueltos en la fosa común” o si este movimiento afectaría sólo al “cementerio de la aristocracia privilegiada del derecho canónico”.

El proyecto se aprobó en la cámara de diputados y pasó al Senado. Pero entonces se produjo la muerte del arzobispo Rafael Valentín Valdivieso y la posterior pugna entre el gobierno y la Iglesia por su sucesión. A esto se sumó la guerra del Pacífico, que abrió una tregua, la que hizo que el proyecto quedara pendiente.

La discusión se reabrió en 1882 para culminar en 1883 en medio de lo que el historiador Marco Antonio León llama “la guerra de los decretos”.

En sesión ordinaria de la Cámara, el diputado radical Enrique Mac - Iver señalaba: “La idea de secularizar nuestras instituciones, de introducir lo que podría llamarse el laicismo en nuestras instituciones civiles, políticas y sociales (…) Es una idea general, una aspiración que tiene profundas raíces en el país y hasta es una necesidad”.

Después de muchas discusiones el referido proyecto se convirtió en ley del 2 de agosto de 1883. Ésta quedó reducida a un artículo único que decía: “En los cementerios sujetos a la administración del Estado o las municipalidades, no podrá impedirse, por ningún motivo, la inhumación de los cadáveres de las personas que hayan adquirido o adquieran sepulturas particulares o de familia, ni la inhumación de los pobres de solemnidad”. Se consagraba, así, legalmente la “promiscuidad de sepulturas” que tanto había resistido la Iglesia.

Como lo hace notar Encina, esta ley llamada de inhumación de cadáveres, “no introducía en el orden de cosas vigente otro cambio que la supresión, en los cementerios fiscales y municipales, de la verja que separaba el terreno destinado a los católicos del destinado a los disidentes”. Pero la resistencia a la ley de cementerios se exacerbó porque después de ésta se veían venir las de matrimonio y de registro civil.

Así, la respuesta del combativo Vicario Joaquín Larraín Gandarillas, quien entonces estaba a la cabeza de la Iglesia chilena, fue contundente. La arquidiócesis emitió un decreto, el 6 de agosto de 1883, en el que execraba los cementerios administrados por el Estado o las municipalidades. Esto significaba la prohibición de los servicios religiosos en ellos. Las capillas que hubiere en estos cementerios pasaban a ser lugares profanos y los prelados debían abstenerse de dar el pase a entierros en lugares no sagrados.

La guerra estaba declarada y el gobierno respondió con otro decreto, de 11 de agosto, que prohibía los entierros en los cementerios particulares que se habían construido con la autorización que otorgaba el decreto de 1871, al que ya hicimos referencia. Esta medida afectaba principalmente al Cementerio Católico de Santiago.

Encina describe algunos de los expedientes a que recurrió entonces la población católica: “Secretamente se trasladaba el cadáver a una iglesia y se le sepultaba en ella, con el auxilio del párroco o de la orden de que dependía, mientras el ataúd que se confiaba al cementerio execrado sólo contenía piedras o trozos de madera que simulaban el peso del cadáver.”

Sol Serrano refiere que Francisco Javier Tocornal, el médico que había sido autorizado para examinar los cuerpos carbonizados, luego del incendio de la Iglesia de la Compañía en 1863, murió en su domicilio en los tiempos de la ley de cementerios. Como era católico, tuvo que ser llevado en coche a un templo donde se le enterró clandestinamente. Su cadáver viajó sentado y vestido con su levita y sombrero, como un pasajero, para despistar a la policía.

Algunos párrocos se negaron a entregar los cementerios parroquiales por lo que tropas del ejército o de la policía debieron romper los candados y apostar guardias en el lugar.

En verdad desde antes de que se dictara la ley del 2 de agosto y en previsión de lo que se veía venir, las familias católicas habían iniciado las exhumaciones de sus deudos del Cementerio General, para trasladarlos a las iglesias. Tanto así que el gobierno había dictado ya en julio de ese año un decreto que prohibía toda exhumación en este campo santo.

La llegada de un nuevo arzobispo, Mariano Casanova, crearía, años más tarde, un ambiente propicio para alcanzar la concordia . En 1890 Casanova consiguió que el gobierno reconociera los cementerios parroquiales, en tanto la Iglesia permitió el ejercicio del culto católico en las capillas de los cementerios administrados por el Estado y los municipios. Permitió también enterrar en ellos a los difuntos católicos bendiciendo la fosa en cada caso. Ese mismo año volvió a abrirse el Cementerio Católico. La guerra de los cementerios estaba terminando mientras se preparaba otra, mucho más cruenta, en la que los antiguos contendores, conservadores y liberales, se unirían para derrocar al presidente José Manuel Balmaceda.